La corrupción de los peajes: una mirada desde la población y la ley.
Los vecinos de Lima Norte salieron a las calles a reclamar por los escándalos de los peajes ahora envueltos en temas de corrupción. Los ciudadanos exigen la anulación de los contratos con las concesionarias OAS y Odebrecht. Desde el punto de vista legal, un experto ayudará a comprender la situación y abarcar nuevas soluciones.
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“No quiero ningún peaje manchado por la corrupción”, fue la declaración del alcalde de Lima Jorge Muñoz que desató la polémica. Por un lado, los economistas gritaron en coro “los peajes no pueden ser anulados debido al peligro del litigio internacional”. Y por otro, miles de vecinos y transportistas que pasan a diario por los peajes de Lurín y Puente Piedra encontraron en las expresiones del alcalde un eco a sus reclamos y se movilizaron en protesta.
La última semana de mayo del 2019, los vecinos de Puente Piedra marcharon exigiendo el cese del cobro del peaje y la nulidad de los contratos de los concesionarios Rutas de Lima y Línea Amarilla (Lamsac). A ellos, se le sumaron diversos colectivos de los distritos de Ancón, Comas, Santa Rosa y Ventanilla, por nombrar algunos. El resto del Perú los respalda pero el asunto se torna complejo cuando se agrega a la ecuación la posibilidad de una penalidad que podría costarle al estado 3 mil millones de dólares en indemnizaciones si la deseada nulidad se lleva a un arbitraje internacional.
Para llegar al peaje de Puente Piedra, punto de marchas y enfrentamientos, se debe pagar dos peajes desde el centro de Lima. El primero se encuentra en la Vía de Evitamiento y cuesta S/. 5.70 en la categoría de transporte liviano (Ligero+2). El segundo también cuesta S/.5.70 y es el peaje de Línea Amarilla. De regreso, la ruta exige el pago únicamente del peaje de Vía de Evitamiento. Tomando en cuenta esto, en un día, como mínimo, se debe gastar ida y vuelta 17 soles para circular por una ruta de 30 kilómetros. Si nos colocamos en los zapatos de un trabajador o transportista, a quiénes se aplican otras tarifas, podemos entender su indignación.
La situación estalló luego de que la ex alcaldesa de Lima Susana VIllarán, declarara el 11 de mayo, en un programa de televisión, haber recibido dinero de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS. Las empresas, dueñas de las concesiones de los peajes del Norte y Sur de Lima, habrían aportado 10 millones de dólares para el proceso electoral por el “No” a la revocatoria en el año 2013.
Sin embargo, para el ex alcalde de Puente Piedra, Israel Nomberto Ulfe, y dirigente de la movilización en contra de los peajes en este distrito, esta no es una lucha reciente y asegura que la indignación colectiva se ha ido manifestando desde hace años. “Empezamos cuando tuvimos el conocimiento de que la señora Susana Villarán firmó el contrato en el 2013, entregando la concesión de los peajes de la zona de Puente Piedra. Desde ese año, hemos estado reclamando enérgicos”, sostiene Ulfe.
Las marchas en contra del contenido del contrato se iniciaron el 5 de enero del 2017 cuando este estipulaba la implementación del peaje de Sur a Norte a la altura de Puente Piedra. En esa oportunidad, los vecinos de Puente Piedra, Ancón y Santa Rosa se dieron con la sorpresa de la noche a la mañana que debían pagar un peaje para salir y para regresar todos los días a sus casas.
Ese 5 de enero, mediante una movilización popular de más de 60 mil personas, lograron que el peaje sea retirado por los propios vecinos. Luego, en una marcha posterior, el 12 de enero, el Alcalde de Lima ante la presión dijo: “el peaje de Sur a Norte no va más”. Las acciones de estas movilizaciones han conseguido logros positivos para sus dirigentes y dan pie a una lucha que no cesa, sin embargo aún falta mucho más. Estos ciudadanos están convencidos de que este peaje ha sido vendido por las ex gestiones municipales de Lima y la concesión debe ser suspendida.
El ex alcalde de Puente Piedra, Nomberto Ulfe, no pierde la fé y su optimismo lo lleva a pensar en la posibilidad de que los peajes sean retirados pues “se están dando las condiciones para que ese contrato sea declarado nulo.” Además, ya ha habido una decisión de consejo municipal en donde el alcalde, en conjunto con los 19 regidores de Lima acordaron evaluar la renegociación de los contratos”. Pero reiteró que “este es solo un primer paso” y que lo que ellos están pidiendo es una cuestión mucho más tajante: la nulidad de los peajes.
Además, Israel Nomberto asegura que el dinero que recaudan estos peajes no se ve reflejado en ningún tipo de obra que beneficie a los vecinos de Puente Piedra. Por ejemplo, las pistas del distrito. A un lado, las personas en sus motos y automóviles tienen que transitar por un camino de tierra y piedras para poder llegar a sus hogares y a menos de 90°, tienen la gran carretera asfaltada que te lleva al peaje. Carretera que, en ciertos tramos, no se encuentra en su mejor estado y no cuenta con vías auxiliares. Otro punto a considerar es que, según el dirigente, los puentes que se prometieron en el contrato no han sido construidos. “Solamente han reparado unos puentes antiguos que administraba la empresa anterior”. Irregularidades por las cuales los vecinos exigen que se retire el peaje, sosteniendo que “si se retiran, el tránsito será más fluido”. El dirigente Nomberto cree, además, que “la Municipalidad de Lima tiene los elementos suficientes, porque todos los carros nuevos pagan un impuesto vehicular, para poder hacer obras que realmente residan en la zona”.
Pensamiento que también manifiesta la mayoría, como en el caso de Georgina Muñoz. La señora comenta que, la zona por la que vive está totalmente olvidada por las autoridades, evidenciando que son los extranjeros los que se llevan todo el dinero recaudado de los peajes. En el caso de la señora Georgina, el peaje le trae problemas con respecto al transporte público y el alza de pasajes. Menciona que “quieren cobrar más de S/.1.00 por tramos muy cortos” y que más de una vez ha sido parte de un enfrentamiento verbal, junto a otras señoras, con los cobradores. “Yo siempre pago S/.0.50 porque me pongo macha.” Así, esta vecina de Puente Piedra hace evidente que los peajes condicionan su vida cotidiana y “encarecen los productos de primera necesidad”, según palabras del propio Israel Nomberto. Por lo que, la señora pide enérgicamente que el Estado ayude a los más necesitados, a las poblaciones más vulnerables. “Debe haber mayor inversión en salud también. Aquí vas al hospital y te quedas a dormir ahí, nadie te atiende”, finaliza Georgina con cierto temor porque “te vas a morir y no te avisan”.
Ante esta situación, llena de controversias, el abogado experto en contrataciones del Estado, Alex Starost, analiza desde la raíz el contrato de estas concesiones que, según el Artículo N°16 de la Ley de Asociaciones Público-Privadas e Iniciativas Privadas, debe ser aprobado en cuanto a la viabilidad financiera por el Ministerio de Economía y Finanzas, lo cual no existe. Entonces, según lo indicado en el presente artículo, todo contrato que no cuente con dicha aprobación, es nulo de todo derecho. Por lo tanto, el especialista asegura que, desde un inicio, el alcalde Jorge Muñoz no debería hablar de una renegociación con los concesionarios, teniendo en cuenta esta situación.
Starost sostiene que lo recomendable para el alcalde Jorge Muñoz es formalizar una denuncia penal por colusión agravada por la obtención ilícita de las concesiones en agravio del Estado, la cual no se ha realizado hasta el momento. Razón por la que, no se puede afirmar que el resultado de la corrupción, en el caso de Susana VIllarán, conlleva a la nulidad de las concesiones. Que es exactamente lo que los vecinos de Puente Piedra reclaman.
Es importante mencionar que Domingo Arzubialde Elorrieta, funcionario de la Municipalidad de Lima durante la gestión de Susana Villarán, ha recibido cuatro años y cuatro meses de sentencia en un proceso penal por negociación incompatible por aprobar una deuda en el marco de las investigaciones por el cobro de peajes de Línea Amarilla a cargo de LAMSAC.
Ante ello, Alex Starost sostiene que este funcionario debió haber sido procesado por corrupción de funcionarios en la modalidad de colusión agravada porque es parte de una organización criminal. Sin embargo, por este tema no ha sido procesado y en un arbitraje internacional, el experto asegura, la Municipalidad de Lima perdería y se generaría un beneficio económico a favor del concesionario. Además de traer nada más que pérdidas para el Estado en cuanto a costo social, interés público y litigio internacional. Por lo tanto, insiste en establecer que las empresas de los concesionarios actuaron de mala fé desde el principio y que hay irregularidades en el contrato. Razón por la cual, es totalmente factible declarar la nulidad de los contratos de los peajes.
Entonces, “hay una responsabilidad del Ministerio Público por el encubrimiento en beneficio de estos corruptos que está permitiendo que se mantengan las líneas de concesión vigentes e intactas. Tanto es así que, la Municipalidad de Lima está efectuando una negociación”, denuncia Alex Starost.
Además, el abogado y experto especifica que si bien es cierto que hay un arbitraje internacional abierto, los árbitros no deberían laudar sobre actos de corrupción, pues está prohibido por la ley. “Entonces, tenemos que probar el origen de corrupción. Es lo que tienen que entender los abogados del Estado en estos 45 días, que se están equivocando” concluye.
La otra cara de la moneda
En contraste a la gran cantidad de vecinos que salieron a quejarse por la situación de los peajes, hay quienes sostienen que eliminarlos no es la solución y que además de traer deudas inmensas al Estado, estancaria las obras que se realizan en Puente Piedra. Como es el caso de Milton Augusto Ibarra Pérez, transportista que trabaja en Kola Real. Ibarra comenta que “más que estar en contra del peaje, debería bajarse la tarifa, porque está muy caro a comparación de años anteriores” teniendo en cuenta que, pasa más de una vez al día, todos los días, por el peaje debido a su trabajo. No se mostró enérgico, pero sí aceptó, que en parte, los peajes están manchadas por la corrupción pero que “la obra ya está” y que resultaría muy difícil sacarla porque hay un contrato de por medio. “Si lo sacan, la empresa le mete una demanda al Estado y salimos perdiendo más”, sostiene el transportista. Además Ibarra asegura que sí se están realizando obras por su zona y confía que han sido hechas con el dinero que recauda la Municipalidad de los peajes.
El tema de disgusto aquí, es que tanto a Milton Ibarra, como a todos los vecinos de Puente Piedra, sin duda, les parece excesivo el costo del peaje. Actualmente, se paga S/.5.50 y en el 2013 el costo era de S/.2.00 para vehículos ligeros. Otra es la realidad de Milton, que tiene que pagar S/.11.40 por camión. “El costo es excesivo para mi” dice para después explicar que tal vez “a lo mucho, un camión debería pagar S/.5.00 y un auto ligero -porque él también tiene auto-, S/.2.50, o S/.2.00 porque, a las finales, mire cuántos vehículos pasan al día”.
Como Milton, muchos podrían quedarse tranquilos con el simple hecho de que rebajen los precios del peaje, pero hay quienes se ven afectados de una manera más grave. Quienes agotan su sueldo pagando el peaje. Quienes tienen que pagar más de lo establecido en el transporte público porque así lo decidieron los choferes para no “perder” por el peaje.
Es sugerible que todos los ciudadanos cuenten con la información clara del asunto y tengan en conocimiento que, en principio, los contratos no han tenido legitimidad para obrar pues nunca fueron aprobados, en cuanto a la viabilidad financiera, por el Ministerio de Economía y Finanzas. Partiendo de esta premisa, el alcalde de Lima debería denunciar por colusión agravada por la obtención ilícita de las concesiones en agravio del Estado, tal y como lo indica el abogado Alex Starost. Especialista que defiende una postura que el Estado debería escuchar para poder llevar a un mejor camino esta situación que pone, una vez más, a la corrupción como principal problema de gobernabilidad en el Perú.
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